Reprimen la pueblada de Andalgalá

Ambientalistas que se oponen a la mineria a cielo abierto fueron ferozmente reprimidos en Andalgalá. Tras los incidentes, un magistrado decidió paralizar los trabajos en Agua Rica hasta lograr la paz.

Asambleístas que rechazan la minería contaminante denunciaron que la policía de Catamarca y Gendarmería Nacional llevaron adelante una violenta represión este lunes contra los pobladores que bloqueaban a vehículos mineros en la localidad de Andalgalá, en esa provincia. Desde el medio día del martes se realizan protestas en la capital provincial y en Capital Federal frente a la Casa de Catamarca para repudiar los incidentes. Señalan que la represión efectuada con perros y equipos especiales casi mata a mujeres y niños y denuncian que hay varios heridos. La cifra de detenidos por la policía supera las cincuenta personas.

Como consecuencia de los desmanes, el juez de Minas de Catamarca, Guillermo Raúl Cerda, resolvió este martes la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.

Cerda manifestó que notificó al apoderado de la empresa y "si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense", informó DyN.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat informó que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido ayer.

La tensión comenzó al mediodía del lunes cuando la policía provincial desalojó la asamblea permanente que funciona desde el 14 de diciembre a la vera del camino comunal del Chaquiago, ubicado a 5 kilómetros al norte de Andalgalá, y cortó el camino después de permitir que pase una máquina de la empresa de Agua Rica.

Enzo Acuña, integrante de la Asamblea Socio Ambiental de Catamarca, contó a Crítica de la Argentina que allí “los vecinos que no podían pasar para el pueblo de Chaquiago volvieron a la ciudad de Andalgalá y comenzaron a concentrar en la plaza hasta alcanzar las 200 personas, pero se armó el desmadre cuando, cerca de las cinco de la tarde, la policía empezó a desalojar brutalmente a la gente”.

Los pobladores reclaman “que se cumplan los derechos constitucionales a un ambiente libre de contaminación, diciéndole si a la vida y no a la explotación a cielo abierto del Nevado de Aconquija en manos de la empresa minera Agua Rica”, ubicada a 17 kilómetros de Andalgalá señaló el asambleísta.

Pese al desalojo, más personas comenzaron a acercarse a la plaza y a las 20 horas la concentración alcanzaban las cuatro mil personas. Entre balas de goma y gases lacrimógenos “la gente comenzó a destrozar y prender fuego algunos sectores de la Municipalidad”, en reclamo de la renuncia del Intendente José Perea, así como también las oficinas de la minera Agua Rica y comercios de proveedores mineros.

A la medianoche, según relata Acuña, “el municipio cortó la luz y comenzó la balacera, el desalojo fue brutal, la policía disparó a mansalva sobre mujeres y niños que estaban en la plaza”.

Luego comenzaron las detenciones y el traslado de los heridos a los hospitales. “Había vecinos ensangrentados y la policía impedía a los médicos que asistan a los heridos”, relata el asambleísta. Recién entre las dos y las tres de la madrugada los vecinos comenzaron a volver a sus casas.

Según denunciaron los pobladores, entre los demorados se encuentran varios menores de edad y se registraron más de sesenta heridos que ingresados al hospital. “Hay un chico menor de edad –de 16 años de apellido Paz- trasladado al hospital de Catamarca con heridas graves de balas de goma”, según aseguró Acuña.

Actualmente, en Andalgalá se encuentran reunidas cerca de dos mil manifestantes en dirección hacia la comisaría y el municipio. A su vez, un centenar de personas concentran en la plaza principal de Catamarca Capital para pedir explicaciones al gobierno provincial para saber “por qué se llevó a cargo el desalojo si no estábamos cortando”, dijo el vecino catamarqueño.

En total, hasta el mediodía del miércoles había 45 detenidos en Andalgalá y 20 en el Chaquiago que ya comenzaron a ser liberados.

Según informó la agencia DyN, cuatro asambleístas habían sido acusados por la fiscal Martha Nieva por los delitos de “amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre”.

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